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Reunión del C.D.P. de A.T.E. con el Sr. Gobernador 15/12/2003

 

AUDIENCIA CON EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2003.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

  1. El Estado es el conjunto de instituciones y organismos que definen el modo en que funciona y se reproduce una sociedad. Hoy está destruido y sólo sirve a los poderosos.
  2. Hay que reconstruir el Estado y en nuestro carácter de trabajadores del mismo  tenemos necesidades y reivindicaciones para reclamar y también propuestas para que estas demandas se efectivicen, recuperando la dignidad de nuestra labor y para que podamos poner al Estado al servicio del Pueblo.
  3. Conocemos la gravedad de la crisis, la urgencia de nuestras necesidades y  también la importancia estratégica de los trabajadores del estado, por ello nosotros encabezamos la resistencia al modelo neoliberal y a la opresión montielista.
  4. Nuestro país está prisionero de las políticas de diferentes imperios. El esquema puede sintetizarse como de ajuste en cascada, - deuda externa mediante- del FMI hacia la Nación, de la Nación hacia las Provincias, de las Provincias a los Municipios y siempre, paga la pobre gente.
  5. Oportunamente hemos denunciado y combatido las causas y el proceso que han llevado a esta crisis.
  6. Las sucesivas modificaciones del régimen de coparticipación federal de impuestos a través de Pactos Fiscales, hicieron que - en el flujo total de fondos- la  Nación resultó beneficiada; retuvo el 15% para el sistema previsional (que encima Cavallo no giró al Anses); retuvo  parte de la recaudación FONAVI; el 2,5% para funcionamiento de la DGI; hubo transferencia de gastos y responsabilidades en materia social de la Nación a la Provincia sin los correspondientes recursos; se condicionó el régimen impositivo provincial; las privatizaciones realizadas (en particular el BER y EPEER) que no permiten tener herramientas estructurantes de la economía en manos o por lo menos con control mayoritario del Estado).
  7. Cuatro largos años de represión (que llegó hasta el crimen), autoritarismo y autismo del ex titular del Poder Ejecutivo Provincial fueron simbolizados por las puertas de la Casa de Gobierno cerradas al pueblo; retrasos salariales, bonos, malversación de fondos públicos, etc.,  terminaron haciendo de  Entre Ríos una provincia empobrecida.
  8. Pero también esta  crisis  ha hecho emerger (sobre todo por la participación popular del 19 y 20/12/01 y sus precedentes) una corriente social orientada al cambio del rumbo político y económico, por mayor justicia social, nueva conciencia de recuperación de pertenencia cultural y regional. Hay una mayoría que aspira a cambios importantes en la orientación económica, distribución del ingreso, funcionamiento institucional, salud, educación, seguridad, mejor calidad de vida y percepción de futuro.
  9. Por ello, hoy soplan nuevos vientos en nuestra Patria. Aparecen reformas y modos de gestión que alientan expectativas. Desde el reclamo por nuestros derechos, queremos construir una nueva Argentina y un nuevo Entre Ríos.

10. Hay que definir urgencias: la asistencia a los más vulnerados (hay una emergencia alimentaria, sanitaria y educativa  que atraviesa nuestro pueblo) y la reconstrucción del Estado.

11. Hay que definir prioridades estratégicas: ley de coparticipación y deuda publica, reforma tributaria, reforma política (que incluye reforma constitucional, judicial, etc.) y en forma concomitante debe actuarse en salud, educación, seguridad, promoción económica, etc.  Todo esto debe llevar a un nuevo paradigma de comunidad organizada (una nueva institucionalidad, prácticas éticas, etc.)

12. Para ello, los principios básicos deben ser:

13. Modificar la matriz distributiva ( modo social bajo el cual se organiza el proceso económico) para enfrentar la desigualdad, inequidad, especulación, recesión, considerando además el deterioro de la calidad de vida afecta la productividad a largo plazo de la economía.

14. Recuperar autonomía provincial ( solo realizable en un proceso de federalismo armónico,  que a su vez sirva para recuperar autonomía nacional)

15. Democratización ( organización y presencia de actores sociales y nueva economía pública con instancias de control social )

16. A partir de estos principios, los ejes temáticos serán:

17. Garantizar demanda efectiva, sostener el mercado interno recomponiendo el  salario.

18. Estrategia fiscal diferente y reforma tributaria con progresividad, equidad, que confluya en una activación del proceso de  crecimiento.

19. Redefinición de la relación Nación – Provincia (que interrumpa el esquema de transferencia de recursos a la Nación, que en definitiva van a parar mayormente a los  acreedores externos.

20. Retención de excedentes dentro de la provincia.

21. Erradicación de comportamientos especulativos rentísticos (en particular, evitar prácticas mono u oligopólicas).

22. Reactivación de la economía regional. (fondo para la inversión productiva para un desarrollo sustentable). 

23. Replanteo de la política social ( unificada, universal, no clientalística y con  control social).

24. Fortalecimiento de la capacidad de prestación de servicios públicos esenciales.

25. Teniendo en cuenta que las cuentas públicas de la Provincia, que muestran la severa crisis, serían las siguientes: $ 2.450 millones de deuda pública consolidada; $250 millones de deuda flotante sin respaldo financiero en caja; $75 millones de déficit de arrastre del 2001; $109 millones de deuda con bancos ; $11.310.000 necesarios para restablecer el incremento del adicional por antigüedad; y $4.940.000 para restitución 2% aporte patronal p/jubilados al IOSPER, junto a nuestras reivindicaciones, planteamos acciones a desarrollar, que permitirán que en un lapso relativamente breve se vayan recomponiendo las finanzas del Estado entrerriano.

 

RELACIONES LABORALES .

26. Definición de los planteles básicos de personal, disponiendo la regularización de personal precario que se adecue a los mismos, de manera tal que el personal temporario sea exclusivamente para tareas transitorias cubriendo licencias por enfermedad o similares.

27. Exigimos un sinceramiento de las plantas del personal del Estado que se “supone” sobredimensionado (mito liberal que no conoce la realidad de Salud, por ej.)

28. Revisión de nombramientos y recategorizaciones efectuados en violación a las leyes vigentes.

29. Regularización de las jubilaciones anticipadas efectuadas en base al decreto de Montiel, utilizando las vacantes de salud y educación que deban cubrirse, para reincorporar a  despedidos de la ley 9235

30. Caja de Jubilaciones: revisión, con control de las organizaciones de jubilados y retirados, de todos los beneficios otorgados, rectificando los mal dados.

31. Controlar la relación aporte-beneficio, establecer la inhabilidad para trabajar (incapacitados para la Pcia., pero trabajan en otro lado) Controles estrictos y permanentes

32. Debe distinguirse cada sistema y evaluar que política atiende cada uno (ley 8732 –civiles-, ley 8707 –policía-, ley 8107 –amas de casa). No deben repartirse entre los trabajadores activos o jubilados las cargas correspondientes a leyes especiales, asignaciones familiares, aportes adeudados al IOSPER.

33. Evitar que en la Caja de Jubilaciones vayan quedando los jubilados y los aportes de los activos se van (caso BER) ver retiros, EPEER, LAER, bco. municipal, municipios con Cajas desde 1995.

34. agilización de beneficios atrasados (con revisión de los mismos).

35. Sostener a rajatabla el principio de Caja otorgante.

36. Revisión de la ley nº 8907 de excepción a incompatibilidad, porque puede ser discriminatoria.

37. Realizar un padrón de activos aportantes al sistema previsional, discriminados por categorías y cargos, importes que perciben en forma mensual y anual de cada agente.

38. Contar con los informes de cada organismo afiliado al sistema, con los importes totales que se remiten al organismo previsional en forma mensual y anual.

39. Sinceramiento y actualización de las deudas de los organismos afiliados al sistema como de los afiliados.  Hacer cumplir los lineamientos legales, o activar los mecanismos para que todos los adicionales y cualquier otro concepto que perciben los agentes, estén sujetos a los aportes previsionales. Blanqueo de montos en negro

40. SALARIOS: recomposición frente al congelamiento y deterioro, ningún sueldo por debajo de la línea de pobreza, urgente mejora salarial, que garantice un sueldo cuya recomposición no sea menor a la percibida por el sector privado, priorizando a los sectores más rezagados

41. reincorporación inmediata de los compañeros que aun se encuentran cesantes por la  ley  9235 y pase a planta permanente de todos los afectados por esta ley 

42. REGIMEN  JURIDICO BASICO Y CONVENCIONES COLECTIVAS de trabajo y Paritarias:  impulsar  el proyecto  acordado en su primera gestión y con media sanción  de Diputados, con escalafón único de 15 categorías, con número índice,  que refleje todas las carreras existentes dentro del estado, con excepción de los que tienen estatutos especiales y con enganche al sueldo de ministro.

43. plena vigencia del decreto 4458 (referido a horario atípico, zona desfavorable, riesgo, etc., con las altas y bajas producidas), derogación del decreto 1172.

44. aplicación plena del ley 8183 de régimen horario en todas las áreas del Estado.

45. Actualizar la ley de incompatibilidad Nº 7413, ya que sus artículos  9 y 10 ya no se ajustan a la realidad y su art. 8 debe adecuarse. No hay escasez de personal sino de puestos de trabajo

46. hasta tanto se apruebe el Régimen Jurídico Básico, creación de una comisión obrero-patronal, para discutir todos los puntos enumerados y todos aquellos otros que surjan de la relación obrero-patronal.

47. Actualización de los montos de las asignaciones familiares.

48. pago en tiempo y forma de los haberes y los beneficios de los trabajadores, en particular del aguinaldo teniendo presente la cercanía de las festividades navideñas

49. eliminar el embargo y el alcoholismo como causal de cesantía,

50. Establecer desde el organismo que los jóvenes "beneficiarios de Peculios" no podrán trabajar dentro del C.P.M. cumpliendo tareas de maestranza, mantenimiento o administrativas. si no dentro del marco de  proyectos o programas temporales que apunten a la inserción laboral en cada comunidad, desalentando así la precarización laboral. Solucionar la situación de todos los menores y ex menores que actualmente han seguido trabajando bajo el régimen de Peculio.

51. En el CPM rever los criterios de suplencias dentro de los hogares oficiales, en cuanto a los reemplazos por licencias de los Directivos, por secretarias ecónomas y administrativos. Debiendo ser reemplazados por lo mismos Educadores en forma rotativa, cobrando dicha suplencia. Promoviendo de esta manera la capacitación en la tarea concreta y la estimulación en el crecimiento personal.

52. Capacitación sistemática para todos los trabajadores, como derecho y obligación y sin cargo para los mismos.

53. modificación de la res. nº1845/90 (reglamento de los auxiliares de educación),

54. Contratados y suplentes: en lo inmediato, renovar los contratos por un lapso razonable, que permita la revisión de los mismos para que no haya injusticias. Asimismo debe  aplicarse  el modelo de contrato aprobado por decreto de su anterior gestión, y teniendo más que un año de antigüedad tengan los mismos derechos (excepto la estabilidad y la carrera) que los de planta permanente. Similar tenor para los compañeros suplentes, no  a  la flexibilidad laboral. Este punto debe ser concordado con lo expresado respecto de los planteles básicos.

55. Receso: que se puedan guardar 5 días y que se acuerden  situaciones

56. Desprocesamiento y Amnistía Administrativa por persecuciones Políticas y Gremiales de los Compañeros afectados por estos procesos increíblemente injustos. Al igual que para los responsables políticos de las muertes de Romina, Eloísa y José Daniel, exigimos se investigue y se castigue a los culpables.

57. Cumplimiento de la normas de trabajo donde se establecen clara y concretamente razones de seguridad para el trabajador. Entre otras: Bioseguridad, disminución de la carga horaria, entre otras.

58. En el marco, o tendiendo al Régimen Jurídico Básico, instrumentar las Leyes 9190, de Enfermería, 9090 (sin reglamentar), la Carrera Administrativa (Técnica o Profesional)

59. Vemos con preocupación la creciente “precarización” laboral dada la inclusión en las plantas del Estado de Planes Nacionales que han ido “remplazando” cargos genuinos. Por este motivo exigimos se cumpla con el objetivo y el destino que estos Planes persigue (Planes de Emergencia Ocupacional tales como el TRABAJAR, PLAN JOVEN, JEFES Y JEFAS, entre otros).

60. sumarios: excepcionalmente efectuar la suspensión sin goce de haberes, por cuanto se transforma en sanción anticipada.

61. revalorización del Jardín Maternal Acunate, con apoyo del Estado, para todos los hijos de estatales sin distinción

62. Restituir el 27 de Junio como Día del Trabajador Estatal.

 

RECURSOS ECONOMICOS

63. Convenios entre el Gobierno de la Pcia. y las Direcciones de Rentas de otras jurisdicciones, con apoyatura de los  Consejos de Ciencias Económicas locales por el Convenio Multilateral (el promedio mensual por ese ingreso en 1999 era de $8.000.000, actualmente es de $4.000.000). Lograr también la coordinación fiscal entre la Nación y la Provincia.

64. Recuperación de deudas por impuestos (teniendo en cuenta que hay una acreencia de más de 300 millones de pesos) Confeccionar un padrón de deudores de mayor a menor (de manera que los más grandes paguen rápidamente - $5.833.000 mensuales de monto a recuperar - (en particular de deudores tramposos al fisco, como Constantini y Vizental). – Consolidar deudas al 12/01 para evitar moratorias. Eliminar efectivamente el convenio con el BERSA y creación de un fondo fiduciario con la  DGR (constituido con créditos fiscales, inmuebles en desuso y créditos surgidos de sentencias judiciales firmes).

65. Padrón único de contribuyentes (registro público) con identificación de grandes contribuyentes (controlar la subdivisión de partidas y otra forma de propiedad elusivas.

66. Eliminación de exenciones no justificadas, solamente subsistirán las del  acuerdo social.

67. Revisión de la actualización de avalúos fiscales de las 40 zonas agroecológico-económicas, debiendo aproximarse al 80% del valor de mercado. A partir del procedimiento anterior, realizar descuentos del impuesto a los sectores de la micro, pequeña y mediana empresa, con el objeto de reflejar los intereses de los auténticos productores entrerrianos. Fijar alícuotas progresivas y adicional al impuesto inmobiliario rural para grandes explotaciones de más de 1.000 hectáreas– reincorporando los artículos 129 y 130 del Código Fiscal (impuesto al latifundio)  Estas medidas permitirían ingresar $6.652.000 de inmobiliario rural y $2.074.000  de inmobiliario urbano mensualmente.

68. Gravar con el impuesto a los ingresos brutos a los denominados “pool” de siembra  que extraen de nuestra jurisdicción el producido de las explotaciones. El hecho imponible se verificará con la comercialización, incluyendo la mera extracción de la jurisdicción del producido de las explotaciones. Afectar esta recaudación (o parte de ella) para mejorar los caminos de la producción, constituyendo un Consejo Vial integrado por los productores.

69. Cambio de alícuotas del impuesto inmobiliario urbano, que deberán ser progresivas, eliminado los mínimos (que hace que los más pobres paguen en términos relativos, más que los ricos) Culminar el PAPCUS para el correcto avalúo de las propiedades.

70. Interrelacionar las tareas de las Direcciones del Registro de la Propiedad,  de Catastro y Rentas.

71. Evitar el patentamiento  por el impuesto automotor en otras provincias, implica $200.000  mensuales mas.

72. Procurar mayor eficiencia en la recaudación (se pueden lograr $45.000.000 anuales más)

73. Revisión del cumplimiento de las pautas obligatorias (mayor producción y creación de fuentes laborales), que eran contrapartida de las exenciones otorgadas por Pacto Fiscal.

74. Impulsar “Operativos Rastrillo” donde se fiscalizan todos los tributos, detectando así los contribuyentes morosos y deudores, ya sea por deuda financiada o moratoria y actualizando la información de la base de datos que posee la D.G.R.

75. Auditar las Representaciones Territoriales y los Procuradores Fiscales para ver en que estado de cobro se encuentran las Liquidaciones de Deuda y los Apremios que tienen los Procuradores Fiscales. Ante la falta de acción, muchas veces estas deudas se ven favorecidas por la prescripción. Actualmente se encuentran en la RT de Paraná unos 4.000 expedientes pendientes de acciones de cobro, sin contar los expedientes “perdidos”.

76. Garantizar la inviolabilidad del sistema informático, definiendo una política en seguridad informática, que permita crear nuevas restricciones de acceso y uso de las herramientas informáticas, ya sea interno o externo a la DGR y que se nutren de su información. Analizar la posibilidad de migrar los servicios relacionados con Internet existentes, a plataformas de “Software Libre o Abierto”, la utilización del mismo reduciría el gasto del Estado.

  1. 77.  Actualizar el sitio en Internet para que el contribuyente pueda: Conocer su estado de Deuda, Imprimir el aviso de vencimiento del impuesto,  Imprimir los formularios de uso corriente, Conocer cómo se deben realizar los trámites administrativos, Conocer la recaudación, mediante gráficos estadísticos, Publicar los grandes deudores de la D.G.R.

78. Mejorar la calidad en cuanto a la atención al público:

79. Sistematizar los Puestos de Control para procesar la información recibida, con base de datos desde el registro de las compras y ventas que se realizan fuera de la Provincia y que permitan comparar con los registros declarados por el contribuyente.

80. Se debe reformar el código fiscal en lo que hace a las tasas de servicios, mínimo y máximo de inscripción ($330.- ya sea si es por una adquisición de vivienda de $80.000.- ó $220.000.- Reformular las exenciones evitando que se incluyan a muchas cooperativas que son con fines de lucro, construcción de viviendas, etc.

81. Control de productos de otras jurisdicciones que ingresan en E. Ríos y no tributan

82. Reclamo para coparticipar retenciones nacionales al agro (alrededor de $600.000.000 anuales aportados por E. Ríos de los cuales vuelven solo $90.000.000)

83. Creación del fuero tributario.

84. Revisión del plan de obras públicas atendiendo las prioridades de la crisis alimentaria, sanitaria y educativa. Sólo se ejecutarán las imprescindibles, postergándose cualquier otra obra pública que implique un drenaje de fondos no urgente.

85. Reducción de funcionarios políticos (hay alrededor de 300,  en 1.999 el gasto promedio era de $450.000 y en el 2.001 de $1.160.000 anuales) y  de contratos políticos de asesores y otros ($800.000 a reducir), no continuando con el esquema que dejó el gobierno precedente

86. Reducción en bienes y servicios no personales y transferencias –gastos publicidad, teléfonos, etc.- (sobre un gasto total de $190.000.000 anuales es factible achicar $2.075.000 mensuales). Comparar gastos de diferentes áreas y de legisladores para evaluar su razonabilidad

87. Los gastos en  viáticos deben estar correctamente asignados y controlados, debe haber una relación entre su costo y el beneficio que debe traer.

88. Evitar “goteos” como compras inútiles, suntuarias, refacciones ,etc. Debe tenerse un poder de compra unificado en Dirección de Suministros, cuya racionalización permitirá un ahorro del 3% y a su vez mejorar la calidad de lo comprado. Efectuar compra de diarios por suscripción y limitar la cantidad

89. Derogación de antigüedad a funcionarios (subsiste para los de carrera, generando derechos para los jubilados).

90. Fijar haber mensual del gobernador en $3.600  y poner un  tope del 75 % de ese monto para todas las remuneraciones.

91. Eliminación de conceptos salariales encubiertos para los funcionarios

92. Eliminación del SAC a funcionarios y legisladores.

93. Definición sobre LAER y Hotel Mayorazgo que resuelva sus déficits sin costos sociales.

94. Derogación de ley de renta vitalicia.

95. Acciones para recuperar la deuda que tiene la Nación con la Provincia, estimada en 525 millones de pesos. (fijar parámetros, plazos, control, seguimiento, etc.)

96. Financiamiento (mediante la restitución de lo retenido) del déficit del sistema jubilatorio por parte de la Nación, al no haberse transferido la Caja, pero sí descontado de la coparticipación para sistema previsional nacional.

97. Control de aportes y Contribuciones Municipales y Empresas del Estado, normalizada la situación. auditoria permanente

98. Remisión diaria de coparticipación a municipios.

99. Recupero de montos detraídos de coparticipación por avales  a créditos del FINVER ( hasta julio/02 hubo que pagar $6.525.672 por quienes no cumplieron, además rever los que pagaron en bonos federales, porque  licuaron deudas)

  1. Fondo de riesgo provincial para incubadoras empresas.
  2. Regulación de fenómenos de concentración en la cadena de comercialización, defensa de la competencia, limitaciones a los hiper.
  3. Asociacionismo de pequeños y medianos productores para fortalecer capacidad de gestión.
  4. Protección de precios de productores pequeños y medianos, abastecimiento mediante el “compre entrerriano” .
  5. Organismo participativo que centralice la definición de políticas para el desarrollo.
  6. percepción de canon por uso de tierras fiscales (caso de las islas para pastoreo de ganado)
  7. relevamiento y utilización de propiedades por herencia vacante para acotar alquileres
  8. revisión del sistema de administración delegada en obras públicas, logrando un mínimo de inversión por los administradores.
  9. Implementar recursos no tributarios como el fondo de transporte, de trabajo, de fomento minero, etc.
  10. Una vez normalizada la situación de crisis, procurar el recupero del pago por viviendas del IAPV. Ver la ley 24441 de modificación Código Civil, y se puede adoptar el  mecanismo BHN (tres cuotas impagas pierde la casa) No obstante, se deben contemplar situaciones sociales,.
  11. sobre los puertos entrerrianos y las vías navegables proponemos  influir sobre las políticas del Estado Nacional para propender a la reactivación de la Dirección Nacional de Vías Navegables, herramienta fundamental para la realización de tareas  de dragado y balizamiento en nuestra Provincia y el aprovechamiento de esa gran vía que es el río Paraná; apoyar iniciativas (con contralor del Estado)  que han demostrado interés en dotar de infraestructura a pequeños asentamiento portuarios en distintas localidades al norte de Paraná: Brugo, Hernandarias, Piedras Blancas, Santa Elena y La Paz, permitiendo embarques de soja, cereales, yeso, palos, piedras o ganado en pie.; integrar a la Provincia de E. Ríos efectivamente a la Región Centro a través de la navegación fluvial, con “caminos de la producción” en condiciones y orientados perpendicularmente hacia el río y sus pueblos ribereños, lo que redundará en la reactivación de la actividad económica, combatirá efectivamente la desocupación en la provincia  y posibilitará el crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos.
  12. por el dec. 1254/01 la Pcia. adhiere al seguro de salud nacional, por lo que el estado nacional nos debe por quienes no tienen obra social (similar al PROFE)
  13. IAFAS: posee alrededor de 130 (ciento treinta) máquinas tragamonedas de su propiedad, las cuales funcionaban en el Casino de Paraná. De ellas no se sabe donde están ni en que condiciones. Se descartó su uso para favorecer a los privados que instalaron sus máquinas más viejas y con infinidad de problemas de funcionamiento. Con el producido de las máquinas propias, que arrojaban una media de utilidades de $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos), se podría haber destinado solamente el 1% (uno por ciento) para capitalización e inversión, pudiendo comprarse máquinas usadas similares a las propias a razón de una o dos por mes o nuevas a razón de una cada dos meses.
  14. Los controles contables no se llevan sobre los totales de las recaudaciones de los juegos manejados por el Instituto a través de los agencieros, sino sobre lo liquidado por ellos, descontado el 20 % (veinte por ciento) de comisión, alterando los resultados y cálculos que se hacen sobre estos para estadísticas y pago de adicionales a los trabajadores.
  15. Revisar un inventario exacto de los equipos de computación comprados hasta la fecha. Se han gastado cifras considerables en estos y no se refleja en el funcionamiento del Instituto.
  16. Iniciar las gestiones de cobranza de las deudas de agencieros. Debiendo documentarse la misma, con plazos inamovibles.
  17. Iniciar los estudios para el desarrollo de los sistemas de captación propios e informatización de los juegos que no lo están.
  18. Conformar en el Casino de Paraná la División Conversión Central de los Casinos Provinciales.
  19. Diagramar y poner en funcionamiento el Organigrama Único de los Casinos partiendo de la base del Reglamento de Funcionamiento de Casinos.
  20. Tragamonedas :Revisión de las adjudicaciones y suspensión de las pendientes hasta tanto se determinen mediante estudios de mercado la factibilidad de la continuidad de las mismas.
  21. Exigencia del cumplimiento de los pliegos de licitación en aquellos casos que las adjudicaciones queden firmes.
  22. Los privados proveedores de las máquinas tragamonedas en alquiler, deberán estar presentes en las salas solo para el mantenimiento de las mismas, ninguna otra presencia en las salas de juego deberá ser autorizada
  23. Los controles y auditorías serán dirigidas y realizadas por personal propio, según condiciones establecidas por las autoridades actuantes, y los privados participarán, en caso de ser autorizados, solo como veedores.
  24. Revisión de horarios de funcionamiento, no se justifica tener tantas horas abierto con el gasto en personal y servicios que esto significa.
  25. Revisión de los gastos que asume el Instituto y le corresponde a los concesionarios, por ejemplo los gastos que demanda el funcionamiento del bar de la Sala de Juegos de calle 25 de Mayo, frente al IAFAS
  26. Adecuar los controles al Instituto y no a las necesidades del privado. Exigir los arqueos periódicos para liquidación de los pagos a los mismos.
  27. Reestructuración de agencias, con cierre de aquellas que no demuestran interés en pagar deudas contraídas. Extensión de plazos de pago solo para las que han pagado regularmente.
  28. Comenzar a unificar las pautas de comercialización, teniendo en cuenta que las agencias son bocas de expendio de los productos que comercializa el Instituto, por lo que la imagen debe ser una sola y a criterio del Instituto.
  29. Revisión y reformulación de los contratos derivados de las licitaciones.
  30. Levantamiento de las Salas improductivas y cancelación de los respectivos contratos.
  31. actualmente se emite por las radios de Frecuencia Modulada de la provincia, pautas publicitarias de los Casinos Provinciales. Esto es errado ya que las mismas deben dirigirse a un público foráneo y/o turistas, estas deben emitirse en provincias vecinas y grandes centros urbanos del país. Para la provincia la pauta publicitaria general debe acentuarse en la legalidad del juego oficial y a quien están destinados los recursos.  Apuntar a mostrar la provincia mediante apoyo a representantes deportivos entrerrianos a escala nacional.
  32. Casino de Victoria: No se conocen las condiciones del contrato firmado con el compromiso por el cual el Casino debe instalarse, ni donde. Solo se sabe lo que ha trascendido por los distintos medios periodísticos y en realidad da miedo lo que se pueda haber firmado.
  33. No se ha realizado un estudio del impacto de la instalación del mismo, ni la del posible Casino en  Rosario (Santa Fe).
  34. La Dirección Pcial. de Trabajo celebrará convenios con organismos nacionales y provinciales, como las universidades nacionales de Entre Ríos y Tecnológicas; con el Colegio de Ingenieros, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Dirección de Cooperativas etc. a fin de clarificar cuestiones de índole técnico-laboral en lo inherente a inspecciones de Seguridad e Higiene en el trabajo y las laborales propiamente dichas.
  35. Implementar operativos de inspección con la DGR, en los sectores que por la actividad propicien el trabajo “en negro” con la consabida evasión, a la vez de corregir anomalías de tipo laboral.
  36. Reactivar los compromisos asumidos con el Consejo Federal del Trabajo, adheridos a través del Pacto Federal del Trabajo mediante la Ley Nº 9297, respecto al control de las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Trabajo Infantil y al Régimen Unificado de Sanciones.

 

SALUD

  1. Definir política de salud, desde la visión de un Sistema integrado de Salud (Hospital público, O. Social, medicamentos etc.)
  2. El modelo de Política Sanitaria estará basado en la accesibilidad y la universalidad a la Salud,  entendiendo a ésta como un derecho inalienable de las personas (y no un privilegio) y una obligación del Estado, garantizarla.
  3. El Hospital publico y gratuito como objetivo fundamental, nos tiene que hacer volver al Hospital de excelencia, que brinde servicios con calidad de prestación. Creemos que la actual característica del Hospital de Autogestión deberá ir desapareciendo.
  4. Debe rejerarquizarse la Dirección de Bromatología como factor integrante de Salud.
  5. En forma urgente y con participación de los trabajadores, deben definirse orgánicas y planteles básicos para los efectores de Salud.
  6. De los recursos físicos: se propone un comité de crisis con un equipo técnico que evalúe el grado del daño producido, estableciendo un diagnóstico efectivo que indique el gasto que justificaría cualquier tipo de inversión para el rescate de estos bienes. Error sistemático ha sido la reparación de estructura o equipamiento que no se justificaba rescatar debido a lo costoso u obsoleto del mismo objeto.
  7. Por la falta de medios y la necesidad de optimizar los recursos se necesita de un equipo técnico – mixto (multidisciplinario) que evalúe el efectivo y correcto uso de todos los bienes del Estado (edificio, aparatología, móviles, etc.). Muchos de los problemas sistemáticos de la falta de medios para la atención radica en el uso indebido de los bienes ya sea por desconocimiento, mala intención (personas que se benefician por estas roturas) o simplemente fatiga por sobrecarga de estos elementos.
  8. En cuanto al desarrollo de los proyectos y su concreción (evaluación y proceso de datos, proyecto, cálculo, dirección y ejecución) exigimos sean la comunidad de salud (trabajadores, profesionales, pacientes) los que opinen y su experiencia y parecer, sean respetados.
  9. Las partidas presupuestarias deben destinarse de acuerdo al nivel de atención o prestación que los diferentes efectores brindan.
  10. Implementar políticas de la Atención Primaria de la Salud como sistema de prevención.
  11. Como estrategias para la APS  es fundamental procurar nuevas formas de relación con la Comunidad, con los trabajadores, los que a su vez conformarán los Equipos Técnicos de Salud en cada Centro Asistencial. Reorganizar los recursos, tanto humanos como materiales, con una política de acción concertada entre los distintos sectores. Decisión y voluntad políticas de priorizar la participación comunitaria real y concreta. Coordinación Interinstitucional, a través de acuerdos y consensos políticos. Disponibilidad de recursos : humanos, financieros, etc. Apoyatura de la Estructura Administrativa del Estado. Creatividad e ingenio en la Planificación, Diseño y Ejecución de esas Políticas. Coordinaciones “Intersectoriales” de una Política Alimentaria Provincial que se brinde en tiempo y forma de acuerdo a la masa de necesitados. Dicha Política se debe ejecutar a través de Programas Provinciales que cubran el déficit de los Programas Nacionales.
  12. Restaurar programas de Salud como el Programa Materno Infanto Juvenil y Promin, desde la estrategia de la A.P.S., la descentralización hospitalaria y la programación de la demanda hospitalaria hacia el primer nivel de atención.
  13. Emergentología separación física y estructural de la emergencia de los Hospitales más importantes de la Provincia. Las Guardias son sobrepasadas en su capacidad operativa ya que se mezcla  lo “urgente” con lo “prioritario” (lo cual no es precisamente lo mismo). Uno, supone la inmediata atención y lo otro, lo que se puede atender y puede esperar un lapso de tiempo determinado sin riesgo para el paciente.
  14. Para el transporte del paciente proponemos se centralice la Emergentología en una sola Repartición que coordine este accionar y a su vez forme parte de una red de Emergencia.    
  15. Reducir costos por derivaciones de los hospitales (por estudios y los mutualizados)
  16. No  al  arancelamiento ,  aceptamos  los convenios  con Obras Sociales pero ese ingreso no debe  sustituir el  presupuesto  (no  reducir las  partidas),  mantenimiento  del principio de hospital público y gratuito. Se debe efectuar el seguimiento y cobro de convenios con obras sociales y compañías de seguros  Actualmente sólo se recupera un porcentaje mínimo
  17. Adoptar política de control de gastos y uso racional de medicamentos, unificar compras medicamentos  inclusive aquellos que se compran por subsidios de acción social, arancelamiento o cooperadoras) Aprovechar experiencias como las del Comité Científico del Hosp. San Martín, el sistema de dosis mínima. Repensar la fábrica de medicamentos
  18. IOSPER: pago de la deuda al Instituto, resolver el problema  de desfinanciamiento debido a los bajos salarios y a los aumentos de los insumos por la devaluación, restitución del aporte del 2% de la patronal por los jubilados a la obra social. (tener en cuenta que el promedio del aporte (entre personal y patronal) es del 6,33%, el más bajo del país)
  19. control de evasión de aportes al Instituto, por ej. por no incluir la totalidad de los códigos salariales ( aplicar fallo STJ – caso Cordini y otros)  lo que permitiría mejorar ingresos anuales por mas de 5 millones de pesos
  20. debido a que el estado Pcial. no cumple con la ley nacional 24557 de riesgos del trabajo, el IOSPER atiende estos siniestros, gastando 4 millones anuales sin recupero
  21. Con los accidentes de tránsito, el IOSPER debe seguir el mismo criterio que en Salud: cobrarle a las compañías de seguros
  22. Resolver el tema de los jubilados viales, que cuando son activos aportan a otra Obra Social
  23. convenios con prestadores que tengan como objetivo la defensa de las prestaciones, evitar gastos por amparos al IOSPER
  24. Derogación de los decretos 5382 y 5383/03, por el que el Hosp. Heras y el Carrillo pasan a ser centros de salud
  25. Asignación de Partidas Especiales para la regularización de la atención de los Hospitales y Centros de Salud en lo que se refiere a insumos y medicamentos.

 

ACCION SOCIAL Y EDUCACION

  1. Fondo unificado de planes sociales que confluyan en un Seguro de Empleo y Formación.
  2. política de subsidios con control comunitario
  3. limitar el monto en subsidios que pueden otorgar legisladores
  4. Acentuar la alimentación asistida con respecto al desfasaje físico nutricional del niño Una redefinición de los comedores escolares (centralizando por zonas) permitiría una racionalización  de un 5% en sus gastos.
  5. interrelacionar la atención de los programas nutricionales conjuntamente con salud y educación
  6. manejo autónomo y autárquico del propio producido de las escuelas, destinarlo para los comedores escolares. A su vez se puede integrar una fábrica estatal de alimentos (ER produce alimentos para 30 millones y somos poco más de uno y hay hambre)
  7. instalar huertas comunitarias en terrenos fiscales 
  8. No a la Ley federal de educación
  9. Rediseñar  la UADER  para que no sea una estafa a las esperanza de nuestros hijos
  10. No sustitución de las responsabilidades propias del Estado a ONG, una cosa es un consejo consultivo, que puede ser hasta de control, y otra es delegación de obligaciones
  11. eliminación de los delegados ministeriales
  12. eliminación de la policía comunitaria, generando programas sociales para el autosustento familiar, así se podrá brindar más seguridad
  13. implementación de programas promocionales donde la población beneficiaria tenga incidencia activa
  14. elaboración de programas para crear trabajo, para paulatinamente hacer innecesarios los planes jefes y jefas
  15. desde Desarrollo Social implementar programas de costureras con las Amas de Casas para proveer al Estado de sábanas, uniformes, etc. y que a su vez le permitan pagar el aporte de $38 para su jubilación.
  16. CPM: El estado debe ser el Garante de los Derechos del Niño y las políticas de intervención del C.P.M. deberán apuntar principalmente a tareas preventivas y asistenciales y no de control social. Por todo esto la distribución del presupuesto asignado debería revertir la situación actual, (80% del presupuesto fue efectivamente ocupado  por la Dirección de Trat. Institucional).
  17. Cumplir la ley en cuanto al presupuesto otorgado del 2% del P.B.I. 
  18. Este posicionamiento Político conlleva establecer fuertes convenios inter-institucionales con Salud, Educación, IAPV, etc. Y por otro lado trabajar también con las Organizaciones de la Sociedad Civil.
  19. La política de intervención debe estar directamente relacionada con un profundo y actualizado diagnostico de la situación social.
  20. Implementación de nuevos proyectos, con una modalidad de abordaje grupal y comunitario, para reemplazar  seguimiento de casos. (control de casos)
  21. Descentralización de los recursos administrativos técnicos y económicos en forma equitativa hacia el interior, promoviendo mayor ejecutividad en las acciones a desarrollar.

 

REFORMA DEL ESTADO

  1. Reforma del Estado consensuada con los trabajadores:
  2. Diseñar nuevas estructuras orgánicas que no importen una erogación adicional a las estipuladas en ley de presupuesto 1999 y se desarrollen según la nueva Ley de Ministerios a aprobarse.
  3. Rescindir contratos a consultoras y demás entidades ajenas  al Estado y cuyas tareas se superpongan con las de las áreas de la administración pública provincial
  4. Finiquitar los entes residuales, cuyos activos pasaran al Fondo de amortización de letras de tesorería.
  5. Disponer mecanismos de control presupuestario como Informes de Contaduría a las Cámaras, plan de ejecución financiera mensual, publicidad, etc.
  6. Crear asesoría legal centralizada y búsqueda de eficacia (incluyendo soluciones políticas) para evitar gastos por honorarios perdidos
  7. Limitar la cantidad de asesores, guardando una  relación proporcional adecuada  con el personal de  planta
  8. Democratización de Organismos: reformar composición Directorio Caja Jubilaciones, reponer Director gremial del IAFAS, en Educación incorporar  vocal gremial representante de los auxiliares de la educación, asimismo en Minoridad. Con mandato revocable, por parte de lo mismos trabajadores  que los elijan.
  9. Respetar la  Ley en los aspectos que hacen a los requisitos establecidos en la misma en cuanto a los antecedentes de los funcionarios, y el acuerdo del Senado. Desterrar las figuras de "Interventor", "Delegado  Normalizador", etc.
  10. Reglamentar audiencias públicas, publicidad de la gestión de intereses, reuniones abiertas entes reguladores, acceso a la información pública, acceso libre y gratuito al B.O. y elaboración participativa de normas, adoptando los recientes decretos del Poder Ejecutivo Nacional.

 

SOBRE LA REFORMA  DE LA CONSTITUCION

192.      Siendo la Constitución reflejo de un sistema político y económico plasmado en ella, debe contener los presupuestos básicos que contemplen fundamentalmente la realización efectiva de los intereses del pueblo, y es por ello que sostenemos que la modificación de los institutos contenidos, la creación de nuevos y la supresión de otros debe responder  necesariamente a esos presupuestos.

  1. La Carta Magna es producto de una posición ideológica, y necesariamente se encuentra enmarcada en el contexto político, económico y social en el cual se desarrolla la vida de una sociedad  a un tiempo y en un espacio determinado y necesariamente también expresa a los intereses dominantes en ese momento.
  2. Por ello es que habiendo marcado los acontecimientos históricos del 19 y 20/12/01, de los que fuimos protagonistas, una impronta que volcó la conciencia popular hacia la revalorización de las luchas en defensa de los intereses comunes, se han recorridos caminos inéditos en las formas de avance y organización del pueblo.
  3. Una reforma de la Constitución Provincial deberá contemplar nuevas maneras y formas participativas, las cuales deberán servir para avanzar sobre lo que hoy existe hacia una democracia más plena y que comience a satisfacer las necesidades de miles de entrerrianos postergados y donde por supuesto como Estado Federal que es la Provincia, deberá contribuir desde la defensa de sus legítimos derechos y autonomía al engrandecimiento del pueblo argentino.
  4. Por ello, la Constitución debe sintetizar la voluntad de la comunidad, tener su origen en una unidad de asociación de vocación política, que se organiza, para así estructurar las relaciones jurídico-políticas de modo tal de hacer efectiva la democracia y la justicia social.

ALGUNOS  ENUNCIADOS Y PRINCIPIOS QUE DE DEBEN CONSTAR EN LA CONSTITUCION

  1. La soberanía emana del Pueblo y reside en él, quien la ejerce a través de sus representantes y demás autoridades legítimamente constituidas, y por sí en las formas previstas por esta Constitución.
  2. Debe establecerse que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen
  3. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución, en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.
  4. La Constitución garantizará que no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. Debe disponerse constitucionalmente que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
  5. Especialmente debe prohibirse a los funcionarios y empleados del Estado, cualquiera sea el servicio al que estuvieren afectados, el cumplimiento de órdenes ilegales no pudiendo excusarse en ordenes superiores o en la obediencia debida. El mandato y la ejecución de las órdenes ilegales hace plenamente responsables tanto a los que produjeren la orden como a los que las cumplan.
  6. se deben incorporar modalidades de democracia directa que sean operativas, entre ellas se deben incorporar el referendo popular en sus dos formas: el referendo con fuerza sancionatorio y el referendo abrogatorio.
  7. también debe incorporarse la figura del plebiscito revocatorio y la consulta popular.
  8. en todos ellos la cantidad de las firmas necesarias para impulsar la iniciativa popular no debe ser superior al 10% del padrón electoral.
  9. DERECHOS SOCIALES:
  10. deberán incluirse especialmente:
  11. los derechos a la protección de la minoridad, los jóvenes, la familia y la ancianidad.
  12. la garantía por parte del estado de un sistema de salud basado en los caracteres de intersectorial, descentralizado y participativo regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social  y solidaridad.
  13. la seguridad social garantizando la universalidad de la protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez
  14. DERECHOS LABORALES:
  15. El trabajo siendo un derecho y un deber social; es el medio legítimo e indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona y de la comunidad por lo tanto la Constitución debe asegurar a los trabajadores:
  16. 1 - Condiciones laborales equitativas, dignas, seguras, salubres y morales.
  17. 2 - La capacitación, al bienestar y al mejoramiento económico.
  18. 3 - Una jornada limitada máxima de 8 horas con las reducciones acorde con las características propias de cada labor, con descansos adecuados y vacaciones pagas
  19. 4 -  Una retribución justa y a un salario mínimo, vital y móvil, que efectivamente no deje a nadie por debajo de la línea de pobreza.
  20. 5 -  igual remuneración por igual tarea en igualdad de condiciones y a retribuciones complementarias por razones objetivas, motivadas en las características del trabajo y del medio en que se presten.
  21. 6 - Que se prevean y aseguren los medios necesarios para atender las exigencias de su vida y de la familia a su cargo en caso de accidentes, vejez, situación de desempleo y muerte, que tiendan a un sistema de seguridad social integral.
  22. 7 -  La participación por medio de sus representantes en la administración de las instituciones de previsión y seguridad social de las que sean beneficiarios.
  23. 8 - La defensa de los intereses profesionales.
  24. 9 - La gratuidad para la promoción de actuaciones administrativas o judiciales de naturaleza laboral, previsional o gremial.
  25. 1O – La  asociación libre y democrática en defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales en sindicatos que puedan federarse o confederarse del mismo modo. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, y el derecho de huelga.
  26. 11 - La inembargabilidad de la indemnización laboral y de parte sustancial del salario y haber previsional.
  27. 14 - La protección contra el despido arbitrario.
  28. 12 - La estabilidad en el empleo público de carrera, la cual se producirá a los 6 meses del ingreso, no pudiendo ser separado del cargo mientras dure su buena conducta, las aptitudes físicas y mentales y la contracción al trabajo encomendado. Ningún trabajador del Estado podrá ser cesanteado e exonerado sin sumario previo que se funde en causa legal y sin garantizarse el derecho de defensa. Toda cesantía que contravenga lo antes expresado será nula, con el reintegro al empleo y las  reparaciones complementarias  pertinentes mediante la acción de amparo.
  29. 13 – Un régimen jurídico básico en la función pública, contemplando el derecho a la carrera en un escalafón equitativo y a paritarias y convenciones colectivas de trabajo sobre salarios y condiciones laborales. En esto deberá comprenderse las condiciones de ingreso, ascensos y promociones los cuales se producirán por los ordenes de mérito obtenido en base a concursos. Como también comprenderá los modos y créditos horarios obligatorios de capacitación.
  30. La Constitución garantizará que ningún representante o dirigente sindical podrá ser despedido, por razón emergente del ejercicio de sus funciones, ni perseguido ni encarcelado por los mismos motivos.
  31. En caso de duda, sobre la interpretación de normas laborales, prevalece la más favorable al trabajador.
  32. A los fines de garantizar la efectiva vigencia de los derechos enunciados en el presente artículo, el Estado Provincial reivindica la potestad de ejercer la policía del trabajo en el ámbito de su jurisdicción, en el modo y forma que fije la ley.
  33. La Provincia asegurará la celeridad del trámite en juicio sobre materia laboral mediante una ley especial de procedimientos y asegurará el patrocinio letrado gratuito y la gratuidad del trámite procesal a la parte obrera.
  34. Con el fin de fomentar la participación de los trabajadores en la Dirección empresaria se debe especificar que una ley establecerá beneficios especiales para toda empresa en cuya dirección, administración y utilidades participen los técnicos, empleados u obreros.

NUEVOS DERECHOS POLITICOS

ECONOMIA:

  1. El estado Provincial deberá reafirmar el derecho de dominio originario sobre los recursos naturales, sean estos renovables o no y reservarse el derecho de la explotación directa en los casos que sea de interés público o estratégico. También se reservará el derecho de explotación de servicios públicos estén o no a la fecha explotados por particulares. Para ello se dictarán las leyes declarando de interés público los bienes o servicios sujetos a compra o expropiación  y, según los casos,  se establecerán las indemnizaciones que correspondieren teniendo en cuenta el costo de los bienes, las amortizaciones y los excedentes sobre una ganancia razonable comprendiendo también el capital invertido.
  2. El Estado debe promover la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.  A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá a nivel nacional  las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola para lo cual deberán crearse o refundarse los institutos que lo garanticen.
  3. Teniendo en cuenta el crecimiento desmedido del latifundio, siendo este contrario al interés social, el despoblacionamiento del campo con la consecuente expulsión de miles de campesinos y la extinción de incontables explotaciones agropecuarias chicas y medianas debe ponerse especial interés en el problema, sosteniendo constitucionalmente que la tierra será considerada bien de trabajo y no de renta y será objeto de una explotación racional. Las leyes impositivas desalentarán la explotación indirecta y las que realicen sociedades de capital
  4. Se establecerá un plan de colonización agraria sobre tierras fiscales la cual será adjudicada en propiedad irrevocable (y si no cumple y la vende?), teniendo en cuenta que cada predio debe constituir una unidad de producción. Se entenderá por unidad de producción todo predio que por su superficie y demás condiciones de explotación tenga una capacidad productiva que permita al propietario y su familia llevar una vida digna, atender sus necesidades materiales, morales y culturales, y que facilite la evolución favorable de la empresa.
  5. Los predios y las mejoras de las unidades de producción deben declararse inembargables
  6. Se debe establecer que se tenderá a la eliminación de los latifundios, mediante impuestos territoriales progresivos, impuestos al mayor valor social en las transferencias, y expropiaciones directas. Se considerará latifundio la gran extensión de tierra, en producción o no, que atente contra el progreso y bienestar de la colectividad.
  7. Asimismo constará que el Estado elaborará un plan destinado a poblar la campaña, racionalizar las explotaciones rurales, estabilizar la población rural sobre la base de la propiedad, y llevar mayor bienestar a los trabajadores del campo. A tal efecto se creará un Consejo Agrario Provincial que tendrá a su cargo la tarea de distribución y redistribución de la tierra, fomento del crédito agrario, asesoramiento técnico, selección pública de aspirantes a adjudicaciones y todas aquellas funciones que la ley determine.-
  8. El Consejo Agrario Provincial deberá ser autárquico e integrado por productores, trabajadores del campo, y profesionales especializados que designe el Gobierno Provincial. Se tomarán todos los recaudos necesarios para dar estabilidad a sus miembros y evitar que queden supeditados a las contingencias políticas.
  9. Se debe  contemplar constitucionalmente la organización de un régimen de crédito agrario que cubra las necesidades del poblador y su familia. El régimen de pagos y amortizaciones contemplará el ciclo agrobiológico y el rendimiento de la explotación.-
  10. No podrán ser concesionarios ni adquirentes de tierras fiscales quienes no tengan domicilio real en la Provincia.
  11. Se tomarán medidas parafiscales y/o directas con el objeto de desalentar la adquisición o arrendamiento para cultivos extensivos de Capitales extraprovinciales.
  12. A los fines de ampliar los contenidos políticos del art. 41. de la Constitución actual se establecerá que el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el consumo y el ahorro, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico de la Provincia, sustentándolo en la iniciativa popular, y para ello convocará el concurso de las organizaciones del pueblo. Asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.
  13. Debe preverse que el Estado en todo contrato de Obra Pública o gran emprendimiento se preferirán en la contratación las empresas con asiento principal en la provincia, y las nacionales sobre las extranjeras. También deberá contemplarse que las empresas que contraten este tipo de emprendimientos deberán contar con un número mínimo de trabajadores cuya residencia permanente se encuentre en la Provincia, así como la obligación de abastecerse de insumos y herramientas de origen y/o comercializados localmente en lo posible.
  14. La artesanía e industrias populares típicas de la Provincia gozarán de protección especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad, y obtendrán facilidades crediticias para promover su producción y comercialización.

REGIMEN IMPOSITIVO:

  1. Se garantizará el cumplimiento del art. 43 del actual régimen económico y del trabajo, hacia el objetivo de lograr impuestos progresivos y personalizados que fundamentalmente graven la renta y no el consumo
  2. El sistema tributario procurará la justa y equitativa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía regional  y la elevación del nivel de vida de la población; para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos.
  3. Constitucionalmente se debe disponer la denuncia de los pactos leyes que la Provincia ha acordado con la nación que signifiquen relegar facultades o prerrogativas tributarias, asumiendo de este modo la plenitud de sus derechos impositivos

DERECHOS AMBIENTALES

  1. En este aspecto se garantizará constitucionalmente el derecho de toda persona  a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo personal y que el Estado y los particulares estarán obligados al cuidado y a la preservación del medio ambiente, así como a una explotación racional de los recursos naturales, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
  2. Por ley se reglarán las acciones tendientes a impedir toda agresión contra el medio ambiente y se crearán los organismos a los que se encomendará la aplicación de estos preceptos. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley y se asegurarán estudios del impacto ambiental en los emprendimientos que se realicen.
  3. Se prohibirá el ingreso al territorio provincial de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos o los de cualquier otra índole o naturaleza comprobadamente tóxicos, peligrosos o susceptibles de serio en el futuro, así como la construcción de nuevas represas sobre los ríos limítrofes.
  4. La Provincia deberá garantizar en la Constitución la defensa de los suelos, fomentando la forestación, reforestación, riego, defensa de las especies vegetales y velará por la explotación racional de los mismos, por lo cual dictará las leyes que al efecto sean conducente, modificará las actuales y dotará de los recursos técnicos, humanos y financieros para que ello se cumpla.
  5. La Constitución protegerá los intereses difusos de la comunidad garantizando a toda persona, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado Provincial, la legitimación para obtener de las autoridades la protección de los intereses difusos, ecológicos o de cualquier índole, reconocidos explícita o implícitamente en la misma

SOBRE EL PODER JUDICIAL:

  1. Se establecerá un Consejo de la Magistratura, regulado por una Ley especial, tendrá a su cargo la función de la selección vinculante por concursos públicos de ternas de postulantes a todas las magistraturas.
  2. Esta selección deberá realizarse mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad, aplicando criterios objetivos predeterminados de evaluación, privilegiando la solvencia moral, la idoneidad, el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.
  3. Será integrado periódicamente, preservando la pluralidad, la diversidad y el equilibrio entre sectores evitando hegemonías, por representantes de los órganos políticos resultantes del Poder Judicial, de los magistrados y funcionarios, de los empleados de la Justicia, de los abogados de la matrícula y una representación electa directamente por el pueblo de la Provincia.-
  4. Se tenderá en materia penal a la implementación paulatina del Juicio por Jurados, cuestión prevista en la Constitución actual para los delitos de Imprenta pero que al momento no se ha llevado a cabo.
  5. TRIBUNAL DE CUENTAS. El Presidente y Vocales deberán ser designados en forma similar a los Jueces y Magistrados Judiciales
  6. Debe adicionarse las facultades de ejercicio del control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sujetos a su control, relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes.

SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

  1. La Constitución garantizará los principios de que la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, para ello deberá disponerse la implementación del presupuesto participativo y por programas
  2. Debe ponerse a disposición de la comunidad a través de medios accesibles la difusión de los actos de gobierno
  3. Debe disponerse que los institutos autónomos sólo podrán crearse por ley y estarán sujetos a los órganos de control Estatal
  4. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.
  5. Deberá especialmente establecerse que todos los actos de Gobierno deben ser publicados en la forma que la ley determine, garantizando su plena difusión, especialmente aquéllos relacionados con la percepción e inversión de los fondos públicos y toda enajenación o afectación de bienes pertenecientes al Estado Provincial o a las Municipalidades. La violación de esta norma provocará la nulidad absoluta del acto administrativo no publicitado, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales de las personas intervinientes en él.
  6. En los casos en que esta Constitución, una ley u otra norma impongan a un funcionario, repartición o ente público administrativo, un deber concreto a cumplir en un plazo determinado, toda persona afectada puede demandar su cumplimiento judicialmente y peticionar la ejecución inmediata de los actos que el funcionario, repartición o ente público administrativo se hubiera rehusado a cumplir. El juez, previa comprobación sumarísima de los hechos enunciados, de la obligación legal y del interés del reclamante, debe librar mandamiento judicial de pronto despacho en el plazo que prudencialmente establezca.
  7. tiempo prudencial entre que dejan de ser funcionarios políticos y/o electos para ser propuestos para un cargo judicial

 

Sintetizando:

MODIFICACIONES

  1. Derogar el art. 11 sobre delitos de imprenta.
  2. Establecer con precisión la permanencia de la Caja de Jubilaciones en la Pcia.
  3. Establecer un plazo para que la legislatura reglamente la garantía constitucional del art. 21 de estabilidad del empleado público, con resguardos constitucionales para evitar el fraude laboral como el de los “contratos”.
  4. Establecer un plazo para que la Legislatura reglamente la responsabilidad de los funcionarios por los perjuicios que ocasionen al Estado en ejercicio de sus funciones (art. 23).
  5. Modificar el carácter de indicio que el art. 28 le otorga a la confesión. Derogar la incomunicación por tres días.
  6. Establecer un plazo para que la Legislatura reglamente el art. 31 (publicidad periódica de los actos oficiales).
  7. Modificar la posibilidad que otorga el art. 47 inc. 3 que otorga la Legislatura sobre el voto femenino facultativo.
  8. Derogar el art. 47 inc. 13 que prohibe votar al personal militar afectado al comicio.
  9. Derogar el art. 47 inc. 17 que prohibe la actividad política de los empleados públicos.
  10. Modificar el art. 56 que establece el número de diputados. el problema de la política no es la cantidad, sino lo que gastan y para que.
  11. Modificar el art. 64 que establece el período de sesiones ordinarias de las Cámaras, cuatro meses desde julio.
  12. Derogar el art. 68, que establece la simultaneidad de las sesiones.
  13. Derogar la última parte del inc. 8 del art. 81 (la Legislatura no puede aumentar el monto de las partidas presentado por el P.E.)
  14. Establecer un plazo para que la Legislatura reglamente el inc. 15 del art. 81, de responsabilidad de los funcionarios.
  15. Establecer un plazo para que la Legislatura reglamente el inc. 24 del art. 81, de juicio por jurado.
  16.  Derogar el inc. 25 del art. 81 (autorización para el establecimiento de bancos)..
  17. Modificar el art. 127 que limita a tres los ministerios.
  18. Se deben reformular los organismos de control de la actividad estatal, Fiscalía de Estado, Contaduría General y Tribunal de Cuentas. Crear una Oficina Anticorrupción extrapoder.
  19. Modificar la competencia contencioso-administrativa del Superior Tribunal de Justicia  dispuesta por el art. 167 inc. 3 .
  20. Se debería replantear las clasificaciones de los municipios.
  21. Derogar los puntos b), c) y d) del inc. 2 del art. 183, sobre los extranjeros  electores de los municipios.

 

INCORPORACIONES

  1. En el régimen económico y del trabajo, se deberían incorporar las figuras de los organismos reguladores y controladores de la explotación de los servicios públicos.
  2. Se debería incorporar el defensor del Pueblo como órgano constitucional, con acuerdo del Senado.
  3. Se deberían establecer con la mayor claridad posible, las causales de juicio político.
  4. Se deberían incorporar la revocatoria de mandato, el referéndum, la iniciativa popular, el presupuesto participativo, y toda otra forma de democracia directa, no como simple enunciado sino con carácter operativo.
  5. Reelección de gobernador y vice.
  6. acción popular para tutela de bienes jurídicos públicos
  7. institucionalizar el Ministerio Público como órgano independiente
  8. Reglamentar un trámite legislativo preferencial para decretos de necesidad y urgencia, limitando además los temas en los que el P.E. pueda dictar
  9. jubilación obligatoria de jueces
  10. PE viajar por territorio nacional sin autorización expresa

 

ADECUACIONES A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL REFORMADA

  1. Se debería sancionar con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a aquellos que hayan participado en gobiernos de facto.
  2. Se debería reconocer el derecho de resistencia a las autoridades de facto.
  3. Reconocimiento de los partidos políticos.
  4. Ordenar una Ley o Código de ética pública.
  5. Protección constitucional del medio ambiente.
  6. Protección constitucional del consumidor.
  7. Habeas data.